El pasado viernes 4 de octubre, en una sesión de cabildo extraordinaria, la presidenta municipal saliente y sus regidores votaron a favor de un bono de 25 millones por el concepto de “remuneración por concepto de subsistencia”. Una práctica que además de ilegal, contraviene los principios del movimiento de regeneración nacional que Griselda Martínez vuelve a traicionar, como lo hizo desde que antepuso los intereses personales al bienestar de las y los manzanillenses.
La presidenta saliente se aprobó un bono de casi 300 mil pesos para ella misma, y para sus regidores y funcionarios de primer nivel otro de más de 250 mil. Mientras que negó tener pendientes con las y los trabajadores sindicalizados, o con los trabajadores de los regidores de oposición que fueron, en su momento, despedidos sin justificación y justa compensación.
Griselda Martínez no puede negar que realizó este hecho con toda la intención de beneficiarse, puesto que conoció del mismo desde que la Comisión de Hacienda lo aprobó para presentarlo en el pleno del cabildo, y de nuevo en el cabildo, donde votó a favor del bono, a pesar de negarse a expresarlo en voz alta.
A este abuso se suma la aprobación de la compra de un predio por 40 millones de pesos a un particular, sin justificación de utilidad prioritaria para el Ayuntamiento, sin una justificación de para qué usará el gobierno municipal este nuevo bien.
Esta práctica, sacada del manual de los gobiernos prianistas a los que ahora pertenece la presidenta municipal saliente la conocíamos como el “año de Hidalgo”, vemos que aprendió muy bien las mañas de sus nuevos amigos que aunque se pinten de otros colores, priístas se quedan.
Además, en el proceso de entrega-recepción sus colaboradores siguen sin entregar la información mediante oficio y soporte documental como están obligados a hacerlo. Osafic, el órgano encargado de fiscalizar y vigilar este proceso, citó a una reunión para que el ayuntamiento saliente entregara la información solicitada mediante oficio, y las autoridades salientes no respondieron, y no se presentaron. Esa es la realidad: la presidenta saliente no cree en la fiscalización de los órganos correspondientes.
En medios y redes sociales afirma que en Transparencia está la información que solicitamos, pero omite decir que mediante Transparencia la documentación tiene un desfase y no toda está en línea. Y para un proceso de transición verdaderamente democrático y responsable, no podemos actuar basados con información imprecisa.
De nuevo le hacemos un llamado a la responsabilidad civil, que haya ánimo democrático y apego a la legalidad, por parte de las autoridades salientes, para lograr una entrega recepción a la altura de los y las manzanilleses.
Al pueblo de Manzanillo le ratificamos nuestro compromiso de que realizaremos todas las acciones legales correspondientes para evitar que este abuso quede impune y que siempre nos conduciremos con la responsabilidad que el amplio respaldo popular puso en la administración de la presidenta electa, Rosi Bayardo.