Laura Patricia Montes Camacho, regidora priista en el cabildo tecomense, en entrevista, comentó que la adminstración entrante que encabezará el morenista Armando Reyna Magaña, podría ser embargado por parte de un despacho de abogados si llegarán a demandar a la actual administración por incumplimiento.
Laura Montes, dijo que en el primer trimestre del presente año, se dio a conocer en una sesión de cabildo, la situación que se tenía sobre un crédito fiscal de las administraciones encabezadas por los expresidentes municipales Tito Vázquez y Lupillo García Negrete, que ascendía a más de 94 millones de pesos, y que se aprobó por mayoría la contratación de un despacho para analizar el tema jurídico y llevarlo a cabo, votando en contra de esa propuesta la municipe priista.
Agregó que en días pasados, el abogado Claudio Jaso González, llegó a su oficina dentro de sala de cabildo, ya que no ha tenido respuesta de la directora jurídica del Ayuntamiento ni del tesorero, quienes anteriormente lo buscaban de manera constante para atender el asunto ante el SAT, teniendo ahora, una respuesta no favorable, argumentando que el ayuntamiento ya no quería pagarse sus servicios pactados mediante un proceso legal y administrativos de manera municipal.
Agregó que el propio abogado ha anunciado su intención de demandar al municipio debido a la negativa del presidente Elías Lozano a firmar el contrato que asegura el pago de sus honorarios, que suman 2 millones 8 mil 600 pesos más IVA., por el trabajo ya realizado, ya que el propio alcalde asegura que no existe un contrato del pago de sus honorarios.
Montes Camacho, aseveró que el abogado solicitó formalmente su pago, pero el alcalde Elías Lozano y parte de su cabildo se han negado, con el argumento de que no existe contrato alguno, sin embargo, el propio litigante durante el uso de la voz en sesión explicó que le fue solicitada sus servicios tras una auditoría del SAT, que resultó en un crédito fiscal inicial de 94 millones de pesos, después se hizo un primer pago de aproximadamente 450 mil pesos por sus honorarios, se continuó con un juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y durante este proceso se logró una suspensión provisional que protege las participaciones federales del municipio de embargos.